Los trabajadores municipales bonaerenses recibieron con agrado la novedad: el gobierno provincial convocó al Consejo de Empleo Municipal, consagrado en la ley 14.656 del año 2014 y que nunca se implementó.

«Vamos a discutir la problemática y consensuemos políticas que permitan a los municipales mejorar su calidad de vida», informó el secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), Rubén «Cholo» García, en el marco de un reciente plenario, en su sede de Avellaneda.

El Consejo es, junto con la paritaria nacional municipal a la que se había comprometido hace un año el ministro de Economía y candidato a Presidente, Sergio Massa, un reclamo de larga data del sector.

La semana pasada tuvo lugar el plenario de la Fesimubo, la organización sindical provincial que conduce Garcia. Allí acudieron 95 secretarios generales de distintos partidos bonaerenses y el secretario general de  la Confederación Nacional de Trabajdores Municipales (CNTM), Hernán Doval.

En esa reunión, García resumió las novedades. En septiembre pasado reiteró su reclamo al gobernador, esta vez por escrito, a través de una nota formal. La respuesta llegó por la misma vía y con un compromiso por la positiva. Días más tarde, llegó a Fesimubo una nota firmada por la directora de Negociación Colectiva Municipal, Macarena Kunkel, dependiente del ministerio de Trabajo que encabeza Walter Correa, solicitando tenga a bien designar a los consejeros que le corresponden.

La misiva fue recibida con optimismo y cautela a la vez, ya que los secretarios generales de los sindicatos dudan acerca de cuál será la actitud mayoritaria entre los intendentes, históricamente recelosos de la figura del consejo. Sostienen que el lobby de los alcaldes explica la inacción de los antecesores de Kicillof, Daniel Scioli y María Eugenia Vidal.

Concluido el encuentro, García comentó con Buenos Aires/12 el contenido del plenario y algunos pormenores del intercambio que tuvo a este respecto con la gobernación. “El Consejo es un ámbito natural donde los trabajadores y sus empleadores, deben discutir todas las cuestiones y problemáticas del empleo municipal, no sólo pisos salariales», dice y pone como ejemplo la manera de «resolver prácticas nocivas pero arraigadas, como el pago en negro, las contrataciones temporarias que se prolongan por años, trabajadores monotributistas”.

El otro ítem central del reclamo es el Registro de Contratos. Al respecto, el dirigente sostiene que “es un instrumento previsto en la propia ley, pensado para terminar con las contrataciones temporarias de larga data».

«No puede ser que tengamos trabajadores y trabajadoras con funciones normales y habituales con más de 10 o 15 años de antigüedad bajo este tipo contratación, porque esa es una vieja práctica de disciplinamiento social», explica García. La ley prevé que la contratación temporaria, además de tener una duración máxima de doce meses, debe ser realizada mediante un contrato escrito con tres copias. Una para el trabajador, otra para el municipio empleador y otra quedará en ese Registro en el ámbito del Ministerio de Trabajo provincial. Además, deben describirse las funciones asignadas y consignarse el monto del salario para combatir la evasión.

Para García, terminar con los pagos no remunerativos es fundamental, especialmente para recomponer los haberes de los municipales jubilados, ya que los bonos y adicionales no impactan sobre el sector pasivo y esa práctica contribuye a desfinanciar el IPS.

“Está claro que para el presidente Milei, la prioridad es el mercado financiero. No le importa lo que pueden estar sufriendo los argentinos y las argentinas como consecuencia de su fijación con el déficit», considera García y confiesa: «Él se autodefinió como un topo que venía a destruir el Estado y estoy convencido que es así y lo está haciendo, la verdad que me duele pensar el tremendo daño que le causará a la Patria y a los argentinos”.

Sin embargo, advierte que «Milei no es sólo Milei». «Tenemos muchos intendentes que llevan un pequeño Milei adentro, en General Pueyrredon pretenden declarar la esencialidad a todos los trabajadores y trabajadoras para que no hagan medidas de fuerza, algo similar ocurre en Olavarria», repasa y mientras lamenta que la Ley Bases establece la disponibilidad relativa y absoluta. «Eso nosotros ya lo vivimos y nos costó 18 años derogar una norma oprobiosa como Ley 11.757 y remplazarla por una ley reparatoria como la 14.656”, dice en referencia a la norma sobre la que se sentará a conversar con las autoridades provinciales.

Respecto a la posibilidad de fijar normas, criterios y estándares mínimos generales desde el consejo y que estas sean respetadas por los intendentes, dice entender que existen diferencias productivas, económicas y financieras entre municipios, pero «es necesario poner todo arriba de la mesa». «Discutamos y encontremos juntos los mecanismos que permitan establecer condiciones laborales y salariales mínimamente aceptables, porque el trabajador municipal no puede ser la variable de ajuste”, afirma.