Se trata de dos demandas por separado que presentó el gobierno de Axel Kicillof en procura del “restablecimiento de transferencias de fondos que corresponden a la provincia”.

La primera demanda reclama el restablecimiento del Fondo de Incentivo Docente por unos 42 mil millones de pesos.

Esas transferencias se interrumpieron desde que asumió Javier Milei la presidencia de la Nación e integraban una parte del salario de los docentes de gestión pública y privada en la provincia.

El otro amparo se relaciona con el Fondo de Compensación para el Transporte Urbano e Interurbano por unos cinco mil millones de pesos.

La interrupción de la transferencia de fondos, sostienen las demandas, “tiende a perjudicar en forma directa la gestión de gobierno y a la Provincia de Buenos Aires”.

El asesor general de la Provincia de Buenos Aires, Santiago Pérez Teruel, explicó que sin esos aportes de Nación para el transporte el boleto de colectivos podría costar hasta 1.500 pesos.

En declaraciones a radio El Destape, Pérez Teruel indicó que en ambos casos se trata de “transferencias que le correspondían a la provincia y que estaban integradas a la Ley de Presupuesto”.

En ese sentido, explicó que como el Presupuesto 2023 fue prorrogado, la transferencia de esos fondos también lo fue, por lo que –a su criterio- el gobierno nacional está incumpliendo con la ley.

Ambos amparos fueron presentados con sendos pedidos de medidas cautelares para que, hasta tanto la Corte Suprema se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, se reanude la transferencia de fondos para el funcionamiento de las áreas que reclama el gobierno provincial.

El gobierno de Kicillof ya tiene un primer amparo ante la Corte en reclamo por los fondos del programa de Fortalecimiento Fiscal y Pérez Teruel anunció que se está preparando otra por “fondos previsionales”.