El paquete de ajuste de las cuentas combina suba de impuestos por inflación, más presión impositiva para el campo y un endeudamiento millonario.

El gobernador kirchnerista se suma así con su propio ajuste a los recortes que ya habían anunciado sus colegas del interior semanas atrás.

En la última semana del año, las cámaras del parlamento provincial están convocadas para sesionar el 28 de diciembre.

El gobierno provincial deberá pulsear con una oposición atomizada –los libertarios tienen varios bloques en diputados y JxC no armó bancada unificada– para conseguir los votos y aprobar este paquete de aumentos en los gravámenes que administra la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA).

La propuesta ingresó antes del fin de semana largo de Navidad y busca obtener recursos para equiparar la casi segura suspensión de los aportes que la Nación giraba todos los años a Buenos Aires.

En 2023, Kicillof habría recibido más de 623.000 millones de pesos de Nación, más de la mitad de lo que se repartió al resto de las jurisdicciones, a partir de su buena sintonía con el presidente Alberto Fernández.

El gobernador tiene decidido prorrogar el presupuesto de 2023, porque «no hay precisiones o proyecciones por parte de Nación, que tampoco envió la ley al Congreso», indicaron en el Ministerio de Hacienda provincial.

Según el artículo 139 de la Ley Impositiva, los dueños de tierras con valuación fiscal superior a 39 millones de pesos tendrán que pagar una cuota más del inmobiliario rural. Ese impuesto se liquida en cuatro cuotas. El adicional serán sobre fines de 2024, explicaron.

“Se busca continuar con la premisa de dotar de mayor progresividad a la estructura tributaria, haciendo hincapié en la solidaridad de los sectores con mayor capacidad contributiva, y atendiendo la realidad de las pymes», explican en las oficinas de la Gobernación la mayor presión al sector rural.

El proyecto incluye un pedido de autorización para modificar el valor de los impuestos provinciales según los índices inflacionarios, ante la certeza de una escalada de los precios de la economía doméstica.

Será para las partidas del inmobiliario urbano y para el impuesto a los automotores (Patentes). También se eliminaría la posibilidad de cancelar todo en una sola cuota, como rige hasta ahora, con un beneficio por pago anticipado.

Según el gobierno bonaerense, el Impuesto Inmobiliario establece topes progresivos de aumentos respecto del año anterior, los cuales son ascendentes a mayor patrimonio: el 90% de los contribuyentes tendrá subas de hasta 200%. Y el 10% restante del orden del 300%.

Las Patentes vendrán con un incremento promedio del 145% para los vehículos modelos 2013 a 2024, de acuerdo con los valores que fija la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor. El tope máximo para el incremento es del 270% para los autos de más alta gama.

El gobernador le pedirá a la Legislatura el equivalente a 1.800 millones de dólares. Es, dicen en el oficialismo, para afrontar vencimientos de deuda en 2024, incluyendo pagos en moneda extranjera derivados de la reestructuración de la deuda heredada de la gestión anterior.

En la oposición de Juntos por el cambio, ya cuestiona la iniciativa, con el argumento de que el presupuesto prorrogado será de 6,9 billones de pesos y Kicillof está pidiendo casi 3 billones de deuda. Explican que a los 1.800 millones de endeudamiento hay que sumarle otros 800 millones que se pedirán a organismos multilaterales. «Está pidiendo casi 15 veces más que el año pasado”, dicen en el bloque de senadores de JxC.

Igual, los principales bloques opositores anticiparon que darán el visto bueno a la iniciativa, aunque espera poder atenuar la suba de impuestos.