La medida había sido pedida por el fiscal Carlos Rívolo después de que la querella, a cargo de los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal, advirtiera que el aparato que Milman ya entregó no era el que utilizaba cuando se produjo el ataque.

La resolución, firmada por los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, advirtió no obstante que el cambio del aparato telefónico no necesariamente implica la desaparición de los datos que contenía el anterior.

“Los cambios de celulares infieren en la mayoría de los casos una transferencia de datos del teléfono anterior”, sostuvieron.

Sin embargo, hicieron lugar al pedido de secuestro de otros celulares –en el caso que Milman aún los conservara- porque “no puede descartarse la posible existencia de parámetros técnicos que permitan obtener información borrada o modificada en el aparato original”.

La resolución destaca “la excepcionalidad que revisten las presentes actuaciones en cuanto a la magnitud por la gravedad que tiene el hecho objeto de la investigación”.

Milman está protegido por los fueros parlamentarios como diputado, no obstante lo cual la Cámara baja había autorizado oportunamente el secuestro de su teléfono celular a requerimiento del Poder Judicial.

El fallo no precisa si es necesario un nuevo pedido de autorización a la Cámara o si –como se trata de una “ampliación” de una medida dictada anteriormente- alcanza con aquella decisión adoptada con el primer celular.