La Confederación General de Trabajo (CGT) emitió un comunicado alertando sobre las reuniones que se están llevando adelante en un reconocido hotel del microcentro entre el Gobierno y algunos legisladores de la oposición, para conseguir el dictamen de Ley Ómnibus.

«En los debates parlamentarios, la discusión en las distintas comisiones y la publicidad de cada acto son un derecho de la ciudadanía a estar informados y es un deber de los legisladores exponer esa información. Escuchamos perplejos como se realizan reuniones dotadas de cierto ‘oscurantismo’ en lugares fuera del recinto del Congreso (el Hotel Savoy parece ser apto para ello) entre algunos legisladores y estudios de abogados (¿?) sin saber que se habla, aunque si percibimos el para que se habla», señala el documento.

Y agregaron: «Tratar con ello de obtener la celeridad para tratar una ley que ha sido rechazada en casi el 80% de sus aspectos por los distintos representantes sociales que pasaron por la discusión en comisiones, suena descabellado».

Además, subrayaron que «una sesión de tamaña importancia quiera realizarse un sábado sin pasar por todos los tramites legislativos previos que se enmarcan en el reglamento de discusión de leyes es una fuerte señal de, una vez mas, un atropello a todo elemento republicano que se les cruce».

«Reclamamos que cada diputado y diputada haga valer los intereses de la República en pos de la salvaguarda de los derechos de la ciudadanía toda y no de los privilegios de un grupo de poder que hizo un DNU y una Ley Ómnibus a su exclusivo beneficio», concluye el texto.

Uno de los que expuso esta situación fue el periodista de C5N Jorge Rial: «Lo que está pasando en el hotel Savoy es un escándalo. Reuniones paralelas al congreso. Es peor que la Banelco de De la Rúa. Corre el metálico y las promesas», escribió en su cuenta de Twitter, haciendo referencia al escándalo de corrupción que marcó el comienzo del fin del Gobierno de la Alianza.

Qué es la Ley Banelco
Así se llamó al escándalo de coimas en el Senado que ocurrió en abril del 2000, en medio de la sanción de la ley 25.250, que se trataba de una reforma laboral, que pasó a la historia como «Ley Banelco». Algo que desembocó con la renuncia del vicepresidente de la Nación Carlos «Chacho» Álvarez, marcando el principio del fin del gobierno de Fernando de la Rúa.

El 29 de mayo, el sindicalista Hugo Moyano declaró a la prensa que el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, en un encuentro en el gremio de Obras Sanitarias para discutir la ley de reforma laboral les había afirmado que «para convencer a los senadores tenemos la Banelco», haciendo referencia a la tarjeta de débito.

El funcionario negó esos dichos pero, en medio de la grave crisis política e institucional que se vivía en el momento, esto escaló y desembocó en la renuncia del Vicepresidente argentino y presidente del Senado, quien lo hizo para despegarse del conflicto en el que estaba empantanado su gobierno.

Un par de años después, a mediados de 2003, el secretario parlamentario Mario Pontaquarto afirmó en una entrevista con la revista TXT haber participado en la operación para sobornar a los Senadores a través de la Secretaría de Inteligencia (SIDE).