De acuerdo con la decisión de la jueza Loretta Preska, en caso de no cumplir con la fecha pautada, el 11 de enero podría desencadenar el pedido de embargos.

La postergación del millonario pago por la nacionalización de la petrolera YPF S.A en 2012 fue solicitada en una apelación contra la sentencia del 15 de septiembre, ya que consideraban que el mismo generaría graves dificultades para los argentinos.

Entonces, la Argentina había pedido una prórroga por 90 días y ahora la magistrada, que está a cargo de la corte del Distrito sur de Manhattan, la rechazó.

La empresa de servicios financieros y profesionales Burford Capital adquirió el derecho en 2015 de reclamar por el pago de la Argentina. Por lo tanto, si no se cumple la entrega millonaria podría pedir embargos desde el 11 de enero.

Se trata de un juicio multimillonario en el que el Estado argentino ya fue condenado a pagar USD 16.000 millones por «haberse quedado de manera indebida» con la mayoría accionaria de la petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta.

Preska determinó que no le otorgará al país una prórroga de 30 días que había solicitado para presentar avales. Así, si el próximo 10 de enero, en 20 días corridos, no se presentan avales por el total del monto en cuestión, el demandante del juicio podría comenzar a pedir embargos contra el Estado.

«Si este juicio es tan crítico como lo representa la República, uno pensaría que el nuevo Gobierno le prestaría atención inmediata», escribió Preska, según destacó en Maril, CEO de Latin Advisors y especialista en este dilatado juicio.

El juicio lo ganó el estudio inglés Burford Capital, quien a su vez compró el derecho a litigar hace años a socios minoritarios de la empresa que aseguraron haber sido perjudicados porque Argentina no les dio el mismo tratamiento que a la española Repsol a quien se le compró su paquete accionario por unos USD 5.000 millones. Este año la jueza dijo que ese reclamo era válido y condenó al Estado.

De esta forma, Burford, después de «invertir» algunas decenas de millones dólares en el juicio, se prepara para negociar por muchísimo más.

«No sé si Argentina está en condiciones de presentar activos como aval sin pedirle permiso al Congreso. Y si lo hace parece poco probable que autoricen a este gobierno en medio de este contexto. Tal vez presente un activo para evitar embargos con un DNU que tiene que ser aprobado en 10 días, pero es una hipótesis», dijo Maril.

Consideró que «está claro que lo que pasa ahora no es responsabilidad del presidente Javier Milei. Todos los candidatos sabían que este tema existe y es grave. Se asesoraron correctamente con economistas, legisladores y especialistas tributarios y laborales, pero no se asesoraron con la demanda externa más importante que tiene el país», indicó.

Argentina tenía dos pedidos de «más tiempo». El que rechazó la jueza por 30 días, por los avales, y otro que le hizo a la Corte de Apelaciones, por 90 días, para interiorizarse más en la causa, del que aún no hubo respuesta. Para esta segunda solicitud, los argumentos de los abogados del Estado local, que por ahora siguen siendo los mismos –el estudio Sullivan & Cromwell– es que el gobierno necesita familiarizarse con el caso.

«Argentina desea honrar sus obligaciones y buscará dialogar con acreedores», dice el escrito. Si todo sale como está previsto por Milei, el nuevo jefe de los abogados del Estado argentino será Rodolfo Barra, quien fue confirmado como procurador del Tesoro, pero cuyo nombramiento aún no se oficializó.

Barra, quien integro la Corte Suprema y fue ministro de Justicia durante los gobiernos de Carlos Menem, tiene más de 75 años y el Presidente deberá firmar un decreto autorizándolo a ocupar el cargo.