Un reclamo que fue adoptado por el gobernador peronista Omar Perotti, quien en la sesión de apertura del año legislativo exhortó al presidente Alberto Fernández y al Congreso Nacional que “provean a Santa Fe de los efectivos federales” que la provincia necesita y de “una estructura federal de Justicia más sólida y acorde a la crisis que enfrentamos en nuestro territorio».

Tanto el mandatario provincial del Frente de Todos como el intendente radical pudieron realizar este reclamo de forma conjunta en la Casa Rosada al ser citados de urgencia por Alberto Fernández, en un encuentro realizado en el despacho presidencial, a últimas horas del lunes 2 de mayo.

De la entrevista participó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien en la previa había generado el malestar de Javkin quien afirmó que «es necesario que los intendentes tengamos mayores atribuciones en materia de seguridad, entre ellas la posibilidad de elegir al jefe policial de la región. Además, Rosario le da mucho a la Argentina. Vivimos desde hace años una ola de violencia que no sólo no para, sino que cada vez es más cruenta. Cedimos 20 mil metros cuadrados de espacio para montar un destacamento de gendarmería, lo desmalezamos, entregamos materiales, porque nos dijeron que venían 1.500 agentes. Necesitamos que se cumpla con la cifra prometida por el Gobierno nacional».

Lo cierto es que este estado de cosas, al 16 de abril se habían contabilizado de manera oficial 76 personas asesinadas en lo que va del año, tiene una explicación relacionada con el narcotráfico y que ha sido analizada por el Observatorio de Política Criminal en un estudio conducido por el abogado, Ariel Larroude.

Para los expertos, «en Rosario, la policía local, perdió el monopolio del uso de la fuerza, la que hoy es compartida con los grupos criminales generando en la ciudad santafesina un oligopolio violento, donde policías y delincuentes tienen la potestad de resolver los problemas a partir del uso de la violencia sin que esto traiga consecuencias grandilocuentes en materia de responsabilidad penal. Asimismo, hay que analizar, el cambio del paradigma en la comercialización de drogas, dando cuenta cómo la Argentina pasó de ser un país de tránsito a un país de consumo y cómo, en el mismo lapso, los centros urbanos de las principales provincias se han convertido en lugares de elaboración y acopio de estupefacientes».

El trabajo, que puede consultarse en redes, reúne informes oficiales y mapeos de homicidios producidos por el diario La Capital y por medios independientes donde se muestra, en blanco sobre negro, como la policía rosarina perdió el monopolio del uso de la fuerza y la comparte con las bandas criminales que pueblan las crónicas de las páginas policiales. «En Rosario se instauró, a partir de un proceso de atomización del mando policial, un orden violento y clandestino que acepta a la ilegalidad y a la violencia como parte de la vida cotidiana de la ciudad», afirma el reporte.

A propósito de las responsabilidades por el aumento del narcotráfico y todos los males que trae aparejados, Larroude no duda en señalar a la clase política. “En Rosario ni la cúpula policial actuó ante los primeros hechos de violencia letal como un cuerpo homogéneo, capaz de regular el territorio, ni la clase política hizo lo necesario para evitar más derramamiento de sangre, cuestión que produjo un desmanejo notorio en el control de la criminalidad de la ciudad”, sostiene.

El relevamiento realizado indica que los registros homicidas se encuentran muy por encima de la media nacional lo que convierte a Rosario en la ciudad más violenta del país. Además, «si se toma en consideración las variaciones espaciales respecto de los homicidios dolosos registrados en Rosario desde el año 2013 al 2021, se puede advertir que la violencia letal se encuentra distribuida a lo largo y ancho de toda la ciudad». A pesar que no hay ningún lugar seguro en Rosario, la violencia «se condensó en los barrios periféricos de la city rosarina, principalmente, los creados alrededor de las viejas industrias y frigoríficos que cerraron durante la década del ochenta y principios de la década del noventa».

Desde luego que lo más inquietante del informe radica en lo que muchos sospechan: «Se descubrió que el mayor porcentaje de los homicidios dolosos registrados no están relacionados con la delincuencia ordinaria, la que puede ser abordada de forma operativa con herramientas de prevención y conjuración bien determinadas, sino más bien con la criminalidad organizada, cuestión que hace más dificultoso el abordaje a dicha conflictividad. Ello, porque esa característica es la que nos da la pauta para afirmar que, más allá de las disputas criminales, existe toda una estructura corrupta que involucra en el entramado criminal a las agencias estatales».

Oferta y demanda en el mercado de las drogas

No se trata tan sólo de un negocio de exportación de sustancias ilícitas. Desde hace años, la Argentina perdió su lucha contra las adicciones y la demanda de estupefacientes ha crecido de manera vertiginosa sin atender a dificultades de orden económico. Argentina ya no es un país de tránsito de drogas sino de consumo. Y, el informe así lo revela, «En lo que refiere a los mercados ilícitos locales, el de la marihuana y el de la cocaína son los de mayor relevancia en términos de la magnitud de consumo. Desde el año 2000, estos estupefacientes registraron en los grandes centros urbanos de Argentina una dinámica expansiva respecto de otras sustancias. Así, mientras que la prevalencia anual de consumo de marihuana en población general pasó de un 3,2% en 2011 a un 7,8% en 2017; la de cocaína se incrementó de un 0,73% en 2010 a un 1,5% en 2017».

En este contexto, la Provincia de Santa Fe ha registrado también importantes incrementos en el mismo período. La proporción de personas que consumieron marihuana en la última década ascendió de un 2,4% en 2011 a un 9,6% en 2017; en tanto la de cocaína se incrementó de un 1,1% en 2010 a un 1,8% en 2017. Los últimos datos disponibles para Santa Fe (2017) registran valores superiores a la media nacional para ambas sustancias. Esta tendencia se verificaba ya en 2011 para la cocaína, aunque no respecto de la marihuana. En ambos casos, el crecimiento del mercado local de consumo en Santa Fe en el período 2011-2017 se destacó en un contexto de la evolución de los grandes mercados de consumo en Argentina.

La radiografía del consumo en Argentina concluye señalando «Sobre este punto, cabe recordar que nuestro país hasta fines de la década del 90′ era considerado un lugar de tránsito de la droga proveniente de Bolivia, Perú y Colombia para el abastecimiento del mercado europeo. No obstante, desde principios del 2000, el ritmo de consumo local de cocaína y marihuana fue escalando, particularmente en las clases medias y altas, lo que generó la necesidad de crear dispositivos de venta más expeditos y menos costosos».