La oposición está convencida que si se aprueba la reforma constitucional provincial presentada por el gobernador Ricardo Quintela será el fin del periodismo de investigación y los comunicadores podrían terminar presos por cuestionar al poder.

El texto tiene puntos cuestionables según especialistas en derecho constitucional pues colisiona con la Carta Magna de nuestro país que garantiza la libre expresión de los ciudadanos argentinos.

NA accedió al proyecto de reforma constitucional en su articulado referente a la “Libertad de Pensamiento, Libertad de Expresión, Libre acceso a la información pública, Protección a la Libertad de Prensa, Abuso a la Libertad de Expresión o de Prensa y Protección a la intimidad”.

Los capítulos finales son los que chocan contra los iniciales asegura el ex viceintendente de La Rioja, Capital, Guillermo Galván que, como otros referentes políticos opositores a Quintela están preocupados por la inminente aprobación del texto.

El artículo 36 en la reforma riojana

Dice el artículo 36 titulado “abuso a la libertad de expresión o de Prensa”:

“Se considerará abuso a la libertad de expresión o de prensa los hechos constitutivos de delitos comunes, quedarán sujetos a las responsabilidades patrimoniales ulteriores del ejercicio individual de derechos de quienes hayan visto afectado su honor, intimidad, dignidad o hayan sido privados indebidamente del derecho a réplica».
«La utilización de los medios de comunicación social con el objeto de suplantar funciones jurisdiccionales, imponer e influir el contenido de las resoluciones judiciales, en condiciones que excedan el legítimo derecho a la libertad de expresión e información, se considera lesiva para la independencia judicial y sujeto a responsabilidad ulterior”.
Este punto es, según abogados constitucionalistas y opositores al gobierno de Quintela, consultados por NA, una violación a la Constitución Nacional y un peligroso antecedente para el ejercicio del periodismo de investigación. Si un funcionario, político o sindicalista que es investigado por el periodismo terminase procesado por la justicia, el sospechoso de hechos de corrupción podría iniciarle acciones judiciales al periodista por investigarlo.

Es el mismo caso que planteó Sergio Urribarri, ex gobernador de Entre Ríos condenado por corrupción al periodista que lo investigó, Daniel Enz. Según Urribarri, patrocinado por Fernando Burlando, el periodismo de investigación influyó en la justicia local. Algo así quiso concluir el juez federal Alejo Ramos Padilla con el periodismo de investigación que se ocupó de la Causa Cuadernos.

Causa Cuadernos
En ese sentido, también está el antecedente del juez federal de Comodoro Py, Marcelo Martínez de Giorgi que le dio lugar a un pedido de un sospechoso de corrupción de conocer cómo, quién y dónde le entregó los famosos Cuadernos de Centeno al periodista Diego Cabot.

En los últimos años, se puso de moda un periodismo que investiga al periodismo de investigación. En vez de averiguar si los hechos denunciados existieron, investigan a los profesionales de la información. La teoría del Lawfare y de la “persecución política” estaría siendo institucionalizada en La Rioja de Quintela.

Si el periodismo que investiga al poder obtiene una reivindicación en la justicia con la posterior apertura de causas judiciales sería un hecho judicializable para el gobierno de La Rioja. O sea, este artículo implica el fin del periodismo de investigación local.

¿Qué periodista local se animará, luego de la reforma constitucional de la provincia de La Rioja, a investigar a un poderoso? El objetivo de los corruptos es silenciar a la prensa que los incomoda. En La Rioja están cerca de conseguirlo.