“La UCR discrepa terminantemente con la política del gobierno respecto a las mujeres con una visión reaccionaria. No sólo a la desatención de sus problemas específicos sino a la renuncia del Estado a atender la tragedia de la violencia de género”, manifestó el partido centenario en un comunicado.

En este sentido, desde el espacio que conduce Martín Lousteau, afirmaron que las medidas tomadas el gobierno libertario da cuenta de un “plan deliberado para avanzar sobre los derechos de las mujeres que se traduce, no sólo en la retirada en las políticas de protección, prevención y erradicación de la violencia de género, sino además en la vulneración de derechos ya adquiridos”.

“Todas las conquistas fruto de las luchas del movimiento de mujeres a lo largo de décadas son además el cumplimento de compromisos internacionales en relación con derechos humanos fundamentales que el Estado argentino no puede desconocer”, argumentaron.

La UCR señaló, a su vez, que una “sociedad justa e igualitaria exige de un Estado que proteja a las mujeres y diversidades sexuales de sus históricas postergaciones”.

Luego de que se hizo público el parte de prensa del radicalismo, el diputado oficialista José Luis Espert salió al cruce y dijo que la lucha contra la violencia de género se da “desde las comisarías” y los «municipios», que están más cerca de la población.

“La lucha contra la violencia de género se da desde las comisarías y se tiene que dar desde los municipios que son los que están al lado de la gente. Basta de estructuras estatales solo para albergar ñoquis e inútiles”, enfatizó en redes sociales.

El Gobierno nacional había anunciado el jueves pasado el cierre definitivo de la cartera creada por el ex presidente Alberto Fernández con el objetivo de proteger a las víctimas de violencia de género.

Luego de la asunción del presidente Javier Milei, las atribuciones del Ministerio de la Mujer pasaron a la órbita del Ministerio de Justicia, que finalmente resolvió su eliminación definitiva.

“Este organismo fue creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios para propagar e imponer una agenda ideológica”, argumentó el Ministerio de Justicia a través de un comunicado.