El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, le respondió a la vicepresidente Victoria Villarruel luego de que tomara distancia del paquete de leyes que presentó el Gobierno para que los militares intervengan en casos de seguridad interior. Mientras la titular del Senado comparó la situación con los años 70, Petri aclaró que “es otro contexto.

“No estoy de acuerdo, lo dije en campaña y lo sigo sosteniendo. La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo había quedado claro con el tema de los 70. El narco es un civil para el derecho. En los 70 se combatió al terrorismo, ¿dónde están los que lo combatieron? Presos”, expresó Villarruel durante un diálogo con Jonathan Viale.

Si bien el titular de la cartera de Defensa señaló que “respeta la opinión” de la vicepresidente, explicó que “es otro contexto”, puesto que en los 70 “no había Estado de Derecho, ese era el problema”. “Además, hubo terrorismo y por eso existieron las condenas no solamente militares, sino a civiles, gendarmes a policías. No tiene que ver con la calificación o con la profesión sino que tiene que ver con que se cometieron delitos de lesa humanidad que están cuestionados por el Estatuto de Roma”, agregó.

La respuesta de Luis Petri a Victoria Villarruel por el uso de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico

En ese sentido, respaldó la iniciativa que presentó este jueves junto con su par de Seguridad, Patricia Bullrich, y remarcó que si bien lo que pretenden hacer es “modificar la ley” para que tengan un mayor poder de acción en la lucha contra el narcotráfico, “hoy las Fuerzas Armadas pueden intervenir en operaciones de seguridad interior ante dos supuestos”, señaló el dirigente del radicalismo en declaraciones a TN.

“Uno es el apoyo con la intervención mínima, en transporte, ingeniería, logística, como el comité de crisis que se formó, y la otra es la intervención que no queremos, la que prevé el articulo de estado de sitio”, detalló y aclaró que en esas circunstancias hay “muchísimos inconvenientes porque supone el levantamiento de los derechos constitucionales, porque supone enviar a las Fuerzas sin procedimiento, porque la propia ley les impide prepararse y capacitarse para prevenir”.

En esa línea, definió a los crímenes ocurridos en las últimas semanas en la ciudad santafesina como “actos narcoterroristas”, entre los que mencionó los asesinatos de los dos taxistas, el colectivero y el playero”.

En la argumentación de su negativa al proyecto, Villarruel destacó que -ante una eventual reforma de la norma- “los agentes del Estado tienen que tener en claro que en caso de repeler una acción armada de narcoterrorismo van a tener el respaldo del Estado”.

“Si vamos a modificar la ley también tienen que hacerse responsables aquellos que son funcionarios civiles y que dan la orden. El Estado, si da una orden, después se tiene que hacer cargo de la orden que dio. Lo hablé con el ministro Petri, pero él quiere que se modifique la ley”, dijo la vicepresidenta en la misma señal televisiva.

En ese aspecto, Petri afirmó que “hay vulnerabilidad -de ser responsabilizados y condenados- cuando no hay reglas”. En la década del 70, describió, “no había estado de derecho. “Hubo terrorismo y por eso existieron las condenas no solamente militares, sino a civiles, no tiene que ver con la calificación o con la profesión sino con que se cometieron delitos de lesa humanidad que están cuestionados por el Estatuto de Roma. Lo que vemos en rosario son actos terroristas”, reiteró.