La provincia donde más empleados cobran el Potenciar Trabajo es Tucumán con 1.145; le siguen La Rioja, con 1.060 -entre 303 de planta permanente y 757 contratados-; Jujuy, 652; Corrientes, 518; Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; y Santa Cruz, con 128.

En Buenos Aires, el gobernador reelecto Axel Kicillof dispuso que cada uno de los ministros cumpla con la demanda judicial.

Hasta ahora lo hicieron el Ministerio de Seguridad, 809; Cultura y Educación, 858 y Jefatura de Gabinete, 576. Solo en esas tres áreas ya se identificaron 2.243 personas que cobran el Potenciar Trabajo y son, a la vez, empleados públicos.

El titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES) ya envió su investigación preliminar a los fiscales federales de turno de esas diez provincias y solicitó la “suspensión y/o baja de planes sociales”, en el marco de la investigación preliminar que instruye caratulada como “Caso Coirón Nro. 234746/2023″.

Les pidió “hacer cesar los efectos del delito», mediante la suspensión o baja, y una vez impulsada la acción penal, dictará la orden al área que gestiona el Programa Potenciar Trabajo, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, para que suspenda los planes involucrados, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del Programa.

Lo fundamenta en que vienen siendo percibidos «en clara transgresión a la normativa y al espíritu perseguido por el Estado Nacional al momento de su creación”.

La acusación que pesa sobre los involucrados, según los informes provinciales, es “la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública; así como también contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que por sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.

La fiscalía federal esgrimió el de Jujuy como uno de los ejemplos, al observarse 652 incompatibilidades.

“A través de la maniobra desplegada se provocó un error en el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que, creyendo que se encontraban cumplidos los requisitos exigidos por la normativa, otorgó los beneficios solicitados o mantuvo la vigencia de los ya vigentes, generándose así un desprendimiento de fondos indebido que asciende a la suma aproximada de $50.800.000 mensuales”. Esto es $609.600.000 anuales», señaló.

Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego son loa 14 distritos que no presentaron hasta el momento el informe requerido por la Justicia.

En las oficinas del fiscal interpretan que cabe la posibilidad de que no quieran dar los datos porque por tratarse de un hecho escandaloso y que viola la normativa del Potenciar Trabajo según la cual la persona que consigue trabajo mientras lo está cobrando queda automáticamente suspendido en su cobro. También puede suceder que haya demoras de gestión por el recambio de gobernadores.

Es por ello que no se verán tan rápido los resultados porque en la mayoría de las jurisdicciones asumieron nuevas autoridades y deberán averiguar cada caso: si hay punteros que perciban los planes que consiguieron para beneficiarios, como los que cobraba Chocolate Rigau para presunto pérsonal de la Legislatura bonaerense y si los titulares están en conocimiento de esa anomalía.

Entre los chequeos necesarios para saber si hay incompatibilidades entre la función y el subsidio reside en cotejar los ingresos y permanencia en el Programa para los que realizan alguna prestación social y/o de empleo en el Estado provincial, municipal o en organizaciones no gubernamentales que sustituyan a la labor del organigrama administrativo.

En el informe efectuado a priori por el fiscal federal Guillermo Marijuan se reveló el escandaloso dato de que, en los últimos 14 años, más de 200 mil beneficiarios de estos planes sociales viajaron al exterior, a pesar de recibir subsidios estatales destinados a personas en situación de vulnerabilidad.

Según consignó, desde 2009 hasta 2023, el Estado argentino otorgó subsidios millonarios al menos a 211.977 personas que salieron del país utilizando diversos medios de transporte, incluyendo aviones y cruceros, mientras recibían beneficios estatales.

La entonces ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, se presentó como querellante ante la Justicia.

De este total, 159.919 casos corresponden al período 2020-2023. Estos beneficiarios, según la investigación, recibían mensualmente alrededor de 66.000 pesos argentinos por cuatro horas de trabajo en Unidades de Gestión dependientes de cooperativas, gobiernos locales, ONGs, e incluso iglesias​​.

Marijuan solicitó la baja de casi 160 mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, señalando que el valor mensual que les tenía asignado el gobierno asciende a unos 28.877.302 dólares estadounidenses, cifra que anualizada alcanza los 346.527.627 dólares​​.