El ministro de Justicia, Martín Soria, defendió este martes el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso para reformar el Consejo de la Magistratura, con fuertes críticas a la Corte Suprema, a la que acusó de emitir un «fallo político» y «extorsivo» cuando resolvió declarar inconstitucional la ley que estaba vigente desde 2006 y le puso una fecha límite al Poder Legislativo para legislar sobre el tema.

«El Congreso de la Nación está obligado a legislar bajo presión. El fallo de la Corte del 16 de diciembre de 2021 es una extorsión sin precedentes en la historia democrática del país. Pone en jaque a la división de poderes. Es un acto político-extorsivo», enfatizó Soria.

El ministro formuló estos conceptos durante un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Justicia y Asuntos Penales del Senado que comenzó a debatir el proyecto de ley enviado por el Gobierno de Alberto Fernández el año pasado, antes del fallo de la Corte.

En ese sentido, Soria insistió en que «la gravedad de lo que puede pasar si se demora la sanción de esta reforma de la ley es grave».

Además, el ministro acusó a la Corte de «querer meterse por la ventana a presidir el Consejo» y destacó que el proyecto oficialista «toma cosas de la norma presentada en 2017 por el Gobierno del expresidente Mauricio Macri y de su ministro de Justicia, Germán Garavano» que «no incluía que los miembros de la Corte integren el Consejo».

El proyecto continuará debatiéndose este miércoles, en otra audiencia convocada para las 10, a la que fueron invitados siete juristas y especialistas en la materia, entre los que figuran los constitucionalistas Daniel Sabsay y Alfredo Vítolo.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, también presente en el Salón Arturo Illia del Senado, aseguró que, si llega la fecha límite (que será el 14 de abril) sin que salga la ley «no se permitirá que el Consejo se pare».

«No puede haber ninguna decisión que haga que deje de funcionar el Consejo y que deje de funcionar el Poder Judicial de la Nación. Voy a hacer lo imposible para que el Poder Judicial siga funcionando. No es admisible otro tipo de cosa», indicó.

A la hora de las preguntas, la oposición aprovechó para cuestionar la demora en el tratamiento del tema que había sido incluido en el llamado a sesiones extraordinarias y nunca se debatió ni siquiera en comisión.

El jefe del bloque radical, el formoseño Luis Naidenoff, cuestionó los dichos de Soria al reflexionar que «el Senado no está legislando bajo presión, sino en tiempo de descuento».

«Me pregunto, ante la exposición del ministro, por qué llegamos a tiempo de descuento. Este tratamiento llega tarde porque la política no se pone de acuerdo. Y el acuerdo falta en el oficialismo», sentenció.

La mendocina Mariana Juri, de Juntos por el Cambio, reclamó que «pasaron tres hermosos meses de verano sin abordar estos temas porque el Gobierno no lo planteó».

Durante la reunión Soria estuvo acompañado por el secretario de Justicia, Juan Martín Mena; el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, Nicolás Soler, y la titular de la Jefatura de Gabinete de Asesores, Gimena del Río.

La decisión del oficialismo es avanzar este mes con la discusión del proyecto que el PEN envió al Senado a principios de diciembre, poco antes de que el supremo tribunal declarara inconstitucional la normativa que, en 2006, redujo el número de miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13.

Los jueces de la Corte, además, le encargaron al Congreso la sanción de una nueva ley que lo regule y le concedieron un plazo de 120 días corridos para que se elija a los nuevos miembros.

El fallo del 16 de diciembre último del máximo tribunal señaló entre otros argumentos que la composición actual del Consejo de la Magistratura no respeta el «equilibrio» de los sectores que seleccionan, sancionan y eventualmente remueven magistrados, y dispuso que el Congreso dicte una normativa que lo regule y el Consejo vuelva a integrarse en 20 si la ley no se sanciona antes del próximo 14 de abril de 2022.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo propone elevar de 13 a 17 los miembros de ese organismo.

La iniciativa suma dos abogados, un juez y un miembro del ámbito académico y científico a los distintos estamentos con que hoy cuenta el Consejo, e incorpora la perspectiva de género a fin de dar cumplimiento a convenciones internacionales y a normas internas.

De este modo, el organismo quedaría integrado por cuatro jueces (hasta ahora eran dos), y se deberá garantizar la representación de todas sus instancias y la presencia de magistrados con competencia federal del interior del país, de los cuales al menos dos deben ser mujeres.

Habrá además seis representantes del Poder Legislativo: tres diputados y tres senadores (dos por el bloque mayoritario de cada cámara, y uno por la primera minoría). Tres de estos legisladores, al menos, deberán ser mujeres.

El estamento de los abogados tendrá 4 representantes (hasta ahora eran 3) elegidos por el voto directo, según el sistema D’Hont, de los matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las cámaras federales con asiento en las provincias. De ellos al menos dos deberán ser mujeres.

También integrará el organismo un representante del Poder Ejecutivo nacional, y dos correspondientes a los ámbitos académico y/o científico (hasta ahora había uno solo). Uno de ellos, al menos, será mujer.