«Por instrucción del presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la justicia nacional para que se investigue al ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro», indicó Presidencia en un comunicado.

En el texto oficial que emitió el Ejecutivo nacional para notificar la denuncia presentada contra D’Alessandro se aclaró que «se le imputan delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado, entre otros».

«La denuncia presentada por el ministro de Justicia de la Nación pide investigar los presuntos hechos de corrupción vinculados a uno de los ‘emblemas de la gestión’ del gobierno Horacio Rodríguez Larreta, como lo es el servicio de grúas de remolque de la Ciudad de Buenos Aires operado por la empresa Dakota S.A», agregó el comunicado.

La presentación judicial se realizó tras la filtración de chats entre el ministro porteño y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

Por su parte, Martín Soria se expresó a través de su cuenta de Twitter: «Los hechos a ser investigados involucran además a empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad, fiscales nacionales y la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante el Gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani».

Martín Soria denunció penalmente a Marcelo D’Alessandro
En ese marco, el funcionario nacional subrayó: «La promiscuidad entre sectores del poder político, de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas».

En el escrito de 14 páginas, al cual tuvo acceso NA, Soria hizo mención a los chats filtrados entre el funcionario porteño y empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad, los cuales fueron dados a conocer a través de fuentes periodísticas, que dieron cuenta de acciones que, de corroborarse, «podríamos estar frente a graves hechos de corrupción y/u otros delitos contra la administración pública».

«Esas revelaciones demostrarían una connivencia escandalosa entre el funcionario del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con altos funcionarios judiciales, ex directivos del Servicio de Inteligencia del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos, incompatibles con un Estado de Derecho», señala el documento.

Dentro de las conclusiones de la denuncia, Soria consideró que «el material periodístico publicado expone de un sinnúmero de delitos de acción pública cuya comisión deberá ser investigada», pero además sostuvo que «dan cuenta de un lastimoso problema para la sociedad que tiene que ver con las relaciones espurias entre determinados sectores de la política con sectores económicos concentrados».

«Las relaciones impropias entre el funcionario de la CABA con funcionarios judiciales, muestran otra cara de la corrupción: la que es servil a los grandes grupos económicos de este país, los mismos que buscaban arreglar licitaciones y conseguir concesiones en detrimento de los intereses de los vecinos de la CABA», disparó.

Asimismo, el ministro nacional advirtió: «Esta promiscuidad entre sectores del poder político, sectores de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas».

Dentro de los petitorios, Soria solicitó que «se admita la denuncia con habilitación de feria, días y horas inhábiles, se ordene la prueba ofrecida y se inicie el proceso penal correspondiente».

Por último, pidió que «oportunamente cite a indagatoria» a D’Alessandro y a «toda otra persona que en el devenir de la presente investigación resulte implicada en los hechos denunciados».