Una pareja de mujeres rusas llegaron a Buenos Aires en enero para pedir asilo por pertenecer al colectivo LGBT+ y el 11 de marzo lograron casarse bajo la Ley de Matrimonio Igualitario, que garantiza este derecho en todo el país desde hace 12 años.
«No podíamos creer que éramos libres», dijo una refugiada LGBT+ que se casó en Argentina
Anastasia y Anna son una pareja de mujeres rusas que llegó a la Argentina en enero de este año para pedir asilo por pertenecer al colectivo LGBT+, perseguido en su país que, al igual que John y Richard, provenientes de Jamaica, hace pocos meses lograron casarse bajo la Ley de Matrimonio Igualitario, que garantiza este derecho desde hace 12 años en el país y también a extranjeros.
«Cuando en enero nuestro avión llegó a la Argentina, Anna y yo comenzamos a llorar. No podíamos creer que éramos libres», dijo a Télam Anastasia, para quien la Ley de Matrimonio Igualitario, que este viernes cumple su doceavo aniversario, es «una oportunidad maravillosa».
Anna (33) y Anastasia (44) llevan el mismo apellido, Domini, para hacerse pasar por hermanas en su país natal.
«Nos conocimos en 2009, cuando yo era una activista LGBT y abogada de la organización LGBT ‘Krug Karelia’ -que ya no existe- en mi oficina a partir de un evento donde miramos y debatimos la película ‘Rainbow families'», contó Anastasia.
En marzo del año siguiente formaron pareja y en 2016 tuvieron su primer par de hijos mellizos, Mikhail y Aksinia, y en 2019 nacieron sus hijas menores, Agata y Uma.
«En ese entonces, la situación LGBT+ en Rusia se volvió más difícil. Desde el 2013, cuando el Gobierno aceptó la ley que prohíbe la propaganda LGTB, en efecto significaba que nos teníamos que olvidar de decirle a nuestros hijos que éramos una familia. Conocimos casos donde los chicos fueron tomados de familias LGBT+ y puestos en custodia. Comenzamos a tener miedo, y el miedo aumentó día a día», explicó Anastasia.
La última situación crítica que vivieron fue en 2021, cuando la policía visitó su casa para preguntarle a Anastasia con quién vivía y quién criaba a sus hijas menores.
«Cuatro meses después de esto, vendimos nuestro departamento, todas nuestras cosas, renunciamos al trabajo y nos fuimos de Rusia», contó.
Anastasia y Anna siempre quisieron casarse, y para ellas es importante tener todos sus derechos «como familia, como pareja y como dos mamás».
«Aceptación, respeto y derechos jurídicos es lo que necesitamos. Cuando supimos que en Argentina se nos podía proporcionar esas cosas decidimos venir», relató.
En enero de este año llegaron a la Argentina y el 11 de marzo se casaron.
«Fue el casamiento que soñamos. Nuestros amigos rusos y argentinos, hermosos vestidos, todos felices», dijo Anastasia.
Luego de la celebración, pidieron asilo en el país: «Sabemos que la gente en Rusia que nos conoce saben que dejamos el país por ser una familia lesbiana, y nuestros amigos nos dicen que es mejor para nosotras no volver. Igualmente no queremos hacerlo».
La Ley de Matrimonio Igualitario logró un antes y un después en sus vidas.
«Es una maravillosa oportunidad para que familias absolutamente diferentes puedan tener derechos y garantías de que son visibles, son aceptadas y son importantes», sostuvo Anastasia.
Desde enero de 2010 hasta junio de 2020, 43 personas obtuvieron efectivamente la protección del Estado argentino en calidad de refugiados, según los últimos datos de la la Comisión Nacional de Refugiados (Conare).
«En general vienen a solicitar refugio, y al estar acá se enteran que se pueden casar y muchos deciden hacerlo, sabiendo que pueden acceder a ese derecho en este país», explicó a Télam Maribe Sgariglia, integrante de la Federación Argentina LGBT y la Defensoría LGBT, perteneciente a la Defensoría del Pueblo porteña.
Las razones para pedir asilo, dijo Sgariglia a Télam, «tiene que ver con la situación de persecución que hay en sus países de origen debido a su orientación sexual o identidad de género que hace que las personas se vean en la necesidad de huir. En este caso fue venir a la Argentina a solicitar refugio para pedir la protección de parte del Estado argentino».
Según la última actualización del Informe de «Homofobia de Estado», de ILGA World, de diciembre de 2020, 67 Estados Miembros de Naciones Unidas presentan disposiciones que penalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo.
Seis de ellos lo hacen con la pena de muerte (Arabia Saudita, Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria (en doce Estados del norte del país) y Yemen, y en otros cinco «ciertas fuentes indican que podría potencialmente imponerse la pena de muerte»: Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Qatar y Somalia.
También, según indica el informe, hay al menos 42 Estados Miembros de Naciones Unidas con restricciones jurídicas a la libertad de expresión en cuestiones vinculadas con la diversidad sexual y de género.
John Mogent (34) y Richard Hillary (31) llegaron a la Argentina en 2017 desde Jamaica, uno de los países que penaliza los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo, a través de la Ley de Delitos contra las Personas, de 1864, cuya última reforma fue en 2009.
«Nos amenazaron, fuimos discriminados y la razón por la que vinimos aquí fue para comenzar una nueva vida, un nuevo capítulo para ver un cambio en nuestra vida», dijo a Télam John, que está en pareja con Richard desde hace seis años.
Este año decidieron casarse, lo que consideran «una gran oportunidad porque no muchos países tienen esa opción para las personas LGBT».
«Nos alegramos de hacerlo, la pasamos muy bien, disfrutamos. Debemos decir a las personas que lucharon por conseguir esta ley por los derechos de las personas LGBT para poder casarse que sepan que lo apreciamos y fue una gran oportunidad casarnos aquí en Argentina», concluyó.