“Teniendo fundamentalmente en cuenta la excepcionalidad que revisten las presentes actuaciones en cuanto a la magnitud por la gravedad que tiene el hecho objeto de la investigación, entendemos que no deben restringirse diligencias -en el marco de su pertinencia- que puedan admitir avanzar o excluir responsabilidades en la pesquisa”, sostuvieron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

“Estamos ante un hecho histórico sobre el que ninguna duda debe quedar pendiente de dilucidación y, en la medida que exista una sospecha y una posibilidad de progreso en la averiguación de la verdad, las diligencias probatorias no deben restringirse, siempre en consonancia con el respeto a los derechos y garantías que el proceso requiere”, añadieron.

Los dos camaristas, por mayoría, concluyeron que “el secuestro del aparato celular del Diputado Milman encuentra debida motivación en los fundamentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal que tornan admisible dicha medida en consonancia con la hipótesis delictiva investigada en autos”.

“Sin perjuicio del resultado que han arrojado las diligencias llevadas a cabo hasta el momento, resulta dirimente a los efectos de agotar esta vía investigativa, descartar toda mínima situación de incertidumbre al respecto. Ya hemos dicho que la trascendencia institucional que reviste el atentado a la Vicepresidenta de la Nación impone como deber jurisdiccional extinguir cualquier duda con relación a cada uno de los indicios incorporados al expediente”, subrayaron.

El secuestro del celular de Milman había sido reiteradamente pedido por los abogados de la vicepresidenta, José Ubeira y Marcos Aldazábal, y apoyado por el fiscal Carlos Rívolo después de la declaración de una ex secretaria, Ivana Bohdziewicz, quien señaló que le fue borrado el contenido de su teléfono en unas oficinas de la jefa política del diputado, la candidata presidencial Patricia Bullrich.

La Cámara le ordenó a la jueza María Eugenia Capuchetti que proceda en ese sentido “para dar respuesta a la víctima, la sociedad en general y al propio diputado, quien reviste el derecho a que se desestime de manera certera la versión sobre sus presuntos dichos y toda posible injerencia en los hechos”.

El fallo aclara que “aunque Milman no se halle formalmente imputado en esta pesquisa, la manera idónea de corroborar tal extremo era a través del secuestro del aparato, bajo el procedimiento que corresponda en razón de su rol de legislador”.

“Ello permitiría verificar si existieron o no conversaciones alusivas al hecho objeto de la presente investigación, en un caso de gravedad institucional y conforme a la hipótesis planteada por la querella”, resumió el voto de mayoría.

En disidencia, el tercer juez de la Sala, Mariano Llorens, se había inclinado por rechazar el secuestro y peritaje del teléfono del diputado.