El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, consideró este sábado que la convocatoria de Aldo Rico a los militares lanzada públicamente tendría que ser «repudiada por todo el acto político» y explicó que su cartera presentó este viernes una denuncia ante la Justica ya que esas declaraciones representan «una clara afirmación de un delito».

«Sus dichos fueron una clara afirmación de un delito, que ya está tipificado en nuestro Código Penal, ahora lo tiene que ver la Justicia. Tendría que ser repudiado por todo el acto político. No podíamos dejar pasar esto, porque que hay un cierto clima de un sector mínimo de la sociedad que impulsa violaciones claras a los Derechos Humanos que convocan a las Fuerzas Armadas un golpe de Estado a esta altura del siglo, después de años de tantas conquistas», dijo Pietragalla Corti en declaraciones para Radio 10.

En un video difundido en las últimas horas por redes sociales, Rico convocó a militares en lo que consideró «una llamada de reunión antes de las crisis y antes de la batalla, como se estila en nuestras Fuerzas Armadas» y expresó: «Camaradas, cuando la Patria está en peligro todo es lícito, menos dejarla desaparecer».

Este viernes, la Secretaría de Derechos Humanos solicitó a la Justifica federal que investigue a Rico «ante la posible comisión del delito de amenaza pública e idónea contra las autoridades democráticamente electas», que se encuentran tipificadas en el artículo 226 bis del Código Penal.

En los argumentos de la denuncia, se sostiene que se debe considerar que el exteniente coronel del Ejército «tiene contactos políticos, militares y policiales y experiencia previa en la organización y ejecución de dos levantamientos militares» contra el sistema democrático, y se recuerda los alzamientos carapintadas de 1987 y 1988 contra el gobierno del expresidente Raúl Alfonsín.

El secretario sostuvo que presentaron la denuncia a partir de «los antecedentes de Rico contra la democracia».

Los antecedentes de Rico

Participó en los levantamientos carapintadas en 1987 y 1988 contra el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, y que culminó con la sanción de las leyes de Obediencia debida y punto final.

Estas leyes garantizaron la impunidad de los genocidas, hasta su derogación y reapertura de juicios durante el gobierno de Néstor Kirchner, 17 años después.

Pietragalla Corti recordó además que Aldo Rico «jugó el juego democrático», ya que fue intendente de San Miguel gracias a «los años de impunidad que hubo en nuestro país».

«El mismo ayer confesó que luchó contra la subversión, que no lo podamos enjuiciar no quiere decir que no haya sido parte del aparato represivo, y de los perpetradores que llevaron adelante», subrayó el funcionario.