La mayoría ‘Frankenstein’
El tema es que la mayoría que logró Sánchez es una especie de ‘Frankenstein político’ que incluye partidos de izquierda como el PSOE y SUMAR, pero también consiguió el apoyo de partidos nacionalistas como los nacionalistas vascos (PNV), los gallegos, los canarios y los independentistas catalanes.

Controversias y acusaciones
También del partido que representa la vertiente política de la extinta organización terrorista ETA (BILDU) y varios partidos nacionalistas locales. Más allá de la legalidad, el proceso estuvo teñido de enojos y acusaciones graves hacia Sánchez por las concesiones que hizo con cada grupo para obtener el apoyo o por aceptar el apoyo de aquellos que reivindican a ETA, que mató a mucha gente en España.

Acuerdo con Junts de Cataluña
La mayoría de las concesiones son presupuestarias o de condonación de deudas (en el caso de Cataluña). Pero lo que desató todo tipo de discusiones (por acusaciones de inconstitucionalidad) y muchas manifestaciones en contra fue el acuerdo con el partido Junts de Cataluña.

El Caso Puigdemont
«En este caso, el acuerdo es una amnistía para muchos políticos que estuvieron detrás del proceso que culminó con una fallida declaración de independencia por parte del ex Presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que desde ese momento vive en Bélgica tras haberse fugado de España en el baúl de un auto. En resumen: Sánchez fue a pedirle los votos e hizo un acuerdo con gente que cometió delitos y está perseguida por la justicia española y, lo que es más grave, el compromiso de pago por esos siete votos es una amnistía que libera a todos los implicados de las condenas que les correspondían.

Un mandato bajo crítica
Para dar una idea de la situación: el prófugo Puigdemont tenía un procesamiento confirmado por el Tribunal Supremo por los delitos de malversación agravada y desobediencia. Son muchísimos los políticos y militantes que tenían condenas firmes y procesos que ahora quedarán limpios. Esta investidura empezó de manera muy problemática. Sánchez consiguió su objetivo, pero a un costo altísimo. Algunas encuestas publicadas en estos días indican que más del 70 por ciento de los españoles están en contra de la amnistía.

Desafíos futuros: Gobernar bajo presión
Ese enojo se ve en innumerables manifestaciones en contra que se están desarrollando en toda España. Asimismo, muchos juristas dicen que esta amnistía no es constitucional y, seguramente, habrá muchos recursos en tribunales en contra de la misma, ya que muchos creen que hay un quiebre en el estado de derecho porque el tipo de ley que se planea para dictar la amnistía podría implicar que el poder legislativo se inmiscuye en cuestiones que corresponden al poder judicial. Sánchez deberá pasar los próximos cuatro años gobernando bajo la extorsión de partidos que tienen una visión anti-española y muchos analistas creen que la amnistía es una humillación para Sánchez (muchos de su propio partido están enojados), pero que esta es solo la primera de las concesiones vergonzosas que deberá hacer.

Consecuencias económicas y políticas
Se ha abierto una brecha enorme entre los ciudadanos que creen que hay un atropello al principio de igualdad ante la ley. El gran problema de la política sembrando inseguridad jurídica es que estas cuestiones adquieren repercusión negativa internacional y pueden afectar el flujo de inversiones y la normalidad económica. Ya hay muchos gestores de banca privada y empresarios que están advirtiendo de los riesgos ante el enrarecimiento del clima político. Sánchez tiene una ambición de poder desmedida y este modo de conseguir los votos para la investidura puede ocasionar daños colaterales a la economía.