En este sentido, presentarán un proyecto de Comunicación para que dicho ministerio informe de qué manera se reemplazarán los fondos que habían sido asignados al pago de los aranceles adeudados a terapeutas, transportistas y demás prestadores y que serán recortados.

«El recorte en partidas de salud, sumado al retraso del ingreso de los pagos, perjudica directamente a las personas con discapacidad, un área sumanente importante y sensible de la comunidad», afirmó la concejal Nora Mahuad.

«Las obras sociales no están pagando a los prestadores de servicios y esto hace que las personas con discapacidad vean afectados sus tratamientos, atenciones, y etapas de diagnóstico», agregó y aseguró que dicha situación también afecta a los pacientes con patologías crónicas que requieren tratamiento para tener una mejor calidad de vida.

En esta línea, Mahuad afirmó que las personas con discapacidad tienen el derecho gozar de las prestaciones necesarias sin incertidumbres ni interrupciones, así como de recibir sus tratamientos y todo lo que requieran para su pleno desarrollo.

«El pago de los aranceles adeudados a prestadores, terapeutas, transportistas y toda la cadena de personas que colaboran en el desarrollo y tratamiento de personas con discapacidad perjudica a niños, jóvenes y adultos, que
necesitan ser incluidos, gozar efectivamente de su derecho a la salud integral y tener una mejor calidad de vida», cerró.