Madres y padres de estudiantes que participan de tomas en escuelas secundarias recibieron notificaciones en las que se les informó que esa acción infringe el artículo 60 del Código Contravencional porteño, lo que consideraron un acto de «criminalización de la protestas» que «persigue al que piensa distinto», según dijeron a Télam.

Lejos de convocar al diálogo, el Ejecutivo porteño eligió escalar el conflicto de la toma de escuelas. Desde la noche de este martes y durante la madrugada, móviles policiales empezaron un “timbreo” muy particular.

Las patrullas de la policía porteña llegaron hasta los domicilios particulares entre de padres del Mariano Acosta y el Lenguas Vivas (el “Lengüitas”), en algunos casos pidiendo información sobre horarios y datos personales. En otros, exigiendo la firma de una notificación extraña.

Uno de estos episodios fue grabado y quedó documentado mediante el audio adjunto a esta información, donde el oficial lee una confusa acusación a un padre del Lengüitas.

La policía porteña les lee la imputación a los padres de un estudiante.

Repudio a las intimidaciones
Referentes políticos, sociales y de derechos humanos manifestaron su rechazo y preocupación por el accionar del gobierno porteño que este martes por la noche envió efectivos de la Policía de la Ciudad a las casas de las familias de los estudiantes que realizan tomas en escuelas públicas, para notificarlos que deberán pagar de $1,5 millón por cada día de toma.

La defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, pidió que haya diálogo entre el Gobierno porteño y los estudiantes».

«Entre este miércoles y jueves saldrá un pedido de nuestro organismo convocando a las autoridades del Ministerio de Educación porteño, a los directivos y a los representantes de los centros de estudiantes para sentarnos a dialogar», aseguró Muiños, quien resaltó que el intento de diálogo es «una situación difícil».

«De hecho, la Defensoría hizo un operativo esta semana visitando colegios secundarios de gestión pública para ver el estado de la infraestructura y en algunos no nos permitieron ingresar argumentando que tenían una nota del Ministerio de Educación que lo prohibía», argumentó.

Además, Muiños sostuvo que «el Gobierno porteño considera que tanto la salud como la educación tienen que ser cogestionadas con el sector privado y que eso los exime de responsabilidad».

En tanto, el CELS alertó que las medidas del Ejecutivo local «cumplen con el rol de atemorizar y debilitar la organización de las protestas».

«La campaña del Gobierno de la Ciudad para amedrentar a estudiantes y familiares que participan en las tomas de las escuelas continuó ayer con policías en patrulleros que fueron a notificar a los jóvenes denunciados a las puertas de sus casas», expuso la organización en un hilo de Twitter.

Además enumeró las «medidas intimidatorias» del Gobierno porteño a lo largo de la semana.

«La primera fue amenazar en los medios de comunicación con hacerles denuncias penales a padres y madres de les alumnes», sostuvo, mientras otra de ellas fue el pedido a la Procuración General por parte de la ministra de Educación Soledad Acuña de exigir «que les padres y madres del colegio Mariano Acosta paguen un millón y medio de pesos diarios el tiempo que dure la toma».

En tanto, «les alumnes del Lenguas Vivas, Lorca y Liceo 5 denunciaron el martes que en las cercanías de las escuelas, policías les pidieron identificación e información sobre docentes y sobre lo que sucedía en las tomas», continuó la publicación.

«Aunque estas medidas no sean viables jurídicamente, cumplen con el rol de atemorizar y debilitar la organización de las protestas. Estas estrategias implican restringir derechos y legitimar la respuesta estatal violenta», concluyó.

Al respecto, el director del Área de Litigio y Defensa Legal del centro estudiantil, Diego Morales, dijo a Télam que le parecía «absolutamente inviable» que el gobierno porteño pueda tomar acciones legales contra los padres de los adolescentes, pero «este martes a la tarde nos enteramos que efectivamente se pasó al acto».

Y relató que distintas familias empezaron a recibir notificaciones vinculadas con el inicio de acciones contravencionales. «Esta idea de pensar el problema a partir de su criminalización, entonces ahora todos estamos sobre la criminalización y no sobre las cuestiones de fondo», añadió.

Por último, Morales destacó el efecto inhibidor que tiene esto que hace el GCBA porque las familias están ahora en una situación dilemática entre acompañar a sus hijos en su reclamo o discutir la necesidad de dar marcha atrás, «esto es lo que se logra con ese proceso de criminalización, lograron que la protesta se reduzca a su mínima expresión».

«El Gobierno de CABA dio ‘órdenes’ al Poder Judicial y a la Policía de la Ciudad para amedrentar a familias de estudiantes en sus casas en plena noche. Apelan a la persecución y el disciplinamiento para gobernar. Es gravísimo. Es la esencia de la nefasta antipolítica de Larreta», publicó en Twitter la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta.

«¿Dónde está Horacio Rodríguez Larreta mientras manda a la policía a notificar una contravención municipal en los domicilios de padres y madres de estudiantes secundarios en medio de la noche?», se preguntó la senadora por el Frente de Todos (FDT), Juliana Di Tullio, en su cuenta de Twitter, y recordó que, semanas atrás, había pedido «la presencia de la Federal en las cuevas ilegales» y fue criticada bajo el argumento de «la desprotección de los porteños».

«Hoy, la policía notifica a miles de hogares de estudiantes en plena madrugada. ¿CABA no está desprotegida esta noche?», expresó Di Tullio.

Por su parte, el diputado nacional del FDT, Leopoldo Moreau, sostuvo: «Macri dice que el liderazgo debe bancar muertos para imponer un modelo económico. Bullrich promete bala a troche y moche. Larreta manda previo trabajo de inteligencia a la Policía de la Ciudad a la casa de los estudiantes secundarios que están protestando. La democracia de luto».

Para el diputado Leandro Santoro, el alcalde porteño «miente» y dijo que no solo «los colegios están tomados», sino que también los hospitales «están de paro por conflicto con médicos, enfermeros y todo el personal de salud».

«No es una `protesta partidaria` es una política de desinversión social deliberada. Ahora, dinero para publicidad sobra», remarcó.

La diputada porteña Victoria Montenegro también manifestó anoche su preocupación en su cuenta de Twitter: «La Policía de la Ciudad presentándose esta noche en las casas de los/las estudiantes que protestan por mejoras en el sistema educativo es más que preocupante. Larreta cada día más autoritario».

En tanto, el diputado Rodolfo Tailhade manifestó su repudio al difundir un video en el que denunció que el fiscal general de CABA, Juan Mahiques, es parte de «una familia del lawfare que le cuesta una fortuna al Estado» y sólo persigue «a dirigentes populares».

«El responsable de las razzias fascistas que anoche perseguían, intimidaban y amenazaban a los padres de los estudiantes secundarios en conflicto es el fiscal general de CABA, Juan Mahiques. Acá les dejo una pequeña muestra de todo el daño que viene haciendo junto a su familia», publicó.

Desde la Izquierda, la diputada del Frente de Izquierda (FIT) Myriam Bregman denunció que el jefe de gobierno porteño «usa a la justicia como un apéndice de su gabinete» y añadió: «Ahora están intimidando a las familias de los pibes y pibas que tomaron colegios, los amenazan con cobrarles millones. Cuando los ruralistas entraron a la ciudad con sus tractores los aplaudió. Organicemos ya el repudio».

«La exagerada y represiva respuesta del gobierno de la Ciudad frente a las tomas de colegios logró sacar la atención del reclamo: el escándalo de las viandas (en cantidad y calidad), el estado de las escuelas y el trabajo gratuito al que quieren someter a las y los estudiantes», agregó esta mañana en otro tuit.

Las tomas de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires por parte de los estudiantes continuaban esta mañana en reclamo de viandas, mejor infraestructura edilicia y en contra de las prácticas laborales en empresas, luego de que el martes la ministra de Educación porteña, María Soledad Acuña, anunciara que reclamará a las familias de los alumnos involucrados el pago de $1,5 millón por cada día de toma.

Además de las tomas, en muchos colegios, como el Mariano Acosta, donde se inició el conflicto el viernes pasado, los alumnos realizaron un pernocte dentro de sus instalaciones, mientras la escuela de Comercio Carlos Pellegrini es la primera institución que no depende de la Ciudad de Buenos Aires que se sumó anoche a la medida.

Según denunciaron varios padres de estudiantes a través de las redes sociales, anoche efectivos de la policía porteña concurrieron a sus domicilios particulares para informarles a los padres sobre la multa que deben pagar.

«Cuando decimos que la Policía de la Ciudad es política también hablamos de esto. De que Larreta y Acuña la usen para amedrentar a madres/padres de militantes secundarios. Qué distinta sería esta Ciudad si el Gobierno usara su tiempo y recursos en, por ejemplo, mejorar las viandas escolares y las condiciones edilicias, como piden lxs pibxs», publicó por su parte en Twitter la legisladora porteña Lucía Cámpora (FDT).

También el legislador porteño del FIT Gabriel Solano repudió que manden «a la policía a la casa de los estudiante» y lo calificó como «una vergüenza» por parte de la ministra Acuña.

Desde la agrupación Hijos por la Identidad, la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) consideraron «absolutamente repudiable la persecución de Larreta a estudiantes y sus familias en lucha».

«Le hablan de derechos y responde con Policía, para la misma que la Ciudad pretende concretar el uso de picanas portátiles (taser)», expresó la organización de derechos humanos.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) repudió «la persecución del Gobierno de la Ciudad a estudiantes y familias» al tiempo que cuestionó que efectivos de la Policía porteña sean utilizados «para identificar, hostigar e intimidar a los estudiantes y sus familias».

«Desde la Ctera repudiamos la persecución del Gobierno de la Ciudad a estudiantes y familias, con el objetivo de intimidar a los jóvenes que están ejerciendo su derecho a la protesta», se pronunció la entidad gremial a través de un comunicado.

Además, la confederación que reúne a los gremios docentes del país advirtió que «la utilización de efectivos de la Policía de la Ciudad para identificar, hostigar e intimidar a los estudiantes y sus familias nos retrotrae a épocas oscuras del país y va en contra del espíritu democrático».

En su declaración, Ctera cuestionó también a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, por «utilizar los medios de comunicación para estigmatizar, perseguir y amenazar con sanciones y denuncias penales a los adultos» en vez de «convocar al diálogo y escuchar el reclamo de los estudiantes».

«Los estudiantes, en su legítimo derecho, reclaman mejoras en la cantidad y calidad de las viandas, infraestructura y mobiliario escolar, el trabajo estudiantil en condiciones precarias, entre otras problemáticas», manifestó la organización en un escrito que lleva la firma de Sonia Alesso y Roberto Baradel, secretaria general y secretario adjunto.

«SE PERSIGUE AL QUE PIENSA DISTINTO», AFIRMAN LOS FAMILIARES NOTIFICADOS POR LAS TOMAS
Madres y padres de estudiantes que participan de tomas en escuelas secundarias recibieron notificaciones en las que se les informó que esa acción infringe el artículo 60 del Código Contravencional porteño, lo que consideraron un acto de «criminalización de la protestas» que «persigue al que piensa distinto», según dijeron a Télam.

«Esta persecución a los alumnos y padres se está viviendo como una normalidad y eso me parece una locura. No es normal perseguir al que piensa distinto», dijo a Télam Marcelo, padre de una alumna que asiste a la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N°2 «Mariano Acosta», la primera que inició una toma el pasado viernes.

Esa escuela no está tomada, pero los alumnos y las familias realizaron un «Gran abrazo» al establecimiento en apoyo a la lucha de sus estudiantes.

En tanto, al menos 11 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires permanecían tomadas en reclamo de viandas con calidad nutricional, mejor infraestructura edilicia y en contra de las prácticas laborales en empresas.

Ayer la ministra de Educación porteña, María Soledad Acuña, anunció que reclamará a las familias de los alumnos involucrados el pago de ,5 millón por cada día de toma.

En tanto, en las últimas horas varios padres y madres de estudiantes que están en las tomas de los colegios recibieron notificaciones de la Policía de la Ciudad en sus domicilios, tras las denuncias presentadas por las autoridades porteñas.

«El costo de las tomas lo pagan los chicos con días perdidos de clase y los ciudadanos que sostienen la educación pública con sus impuestos. Desde el @gcba impulsamos las denuncias penales y las demandas civiles a los adultos responsables de los estudiantes que participan», tuiteó ayer la ministra de Educación Soledad Acuña.

«Se le imputa el delito del artículo 60 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», leyó un policía en la puerta del domicilio de una de las madres de estudiantes de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg, conocida como «Lengüitas», donde se presentaron cuatro uniformados ayer a las 20.08.

«Quien ingresa o permanece en lugares públicos, o de acceso público o privado, contra la voluntad expresa de quien tiene el derecho de admisión es sancionado/a con uno a cinco días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos a mil pesos», sostiene el artículo 60 del Código Contravencional porteño.

«Es la peor práctica en una sociedad. Que el Estado te persiga es lo que quisimos dejar atrás después del ’83. Esto es grave», aseveró Marcelo.

Asimismo, la guionista Micaela Libson, madre de un estudiante del Lengüitas, compartió en su Twitter que la Policía de la Ciudad se presentó en su casa.

«Mi hijo estaba en la toma de uno de los colegios y vino la Policía a mi casa. Como yo no estaba preguntaron todos mis horarios para venir nuevamente a mi casa. Lo que están haciendo es extorsivo», posteó.

En diálogo con AM750, Libson dijo que ayer la Policía se presentó en su domicilio alrededor de las 20: «Me avisó una vecina, a la que le preguntaban en qué horario volvía».

«A las siete y media de la mañana volvieron a mi casa, bajé y recibí la notificación. El abogado me explicó que una contravención no puede ir por arriba de la Constitución ni del derecho internacional que apaña el derecho a expresarse», continuó.

Además, contó que los estudiantes tienen horarios y asambleas en donde debaten y se organizan: «Movilizarse es un incordio, ir, arriesgarse, poner el cuerpo. No es la mejor situación ir a reclamar por derechos justos».

«Hay padres que estamos acompañando, y lo estamos haciendo en el marco de la civilidad y civilización. No hay salvajismo ni nada de esas cosas», dijo.

Además, Libson definió a las tomas y «todo tipo de reclamo» como «incómodos» porque «tienen que llegar de alguna manera a ser oídos y escuchados».

«Nos guste o no, no hay delito porque es el derecho de los estudiantes a expresar un reclamo que, además, es justo. Es un delirio extorsivo ir en contra. Si bien nos están denunciando a los padres, es claro que es un mensaje contra los chicos», expresó.

«Que no permitan que chicos y chicas se movilicen, ejerciendo sus derechos ciudadanos y políticos, me parece muy triste y extorsivo», concluyó.

Lo mismo opinó Guillermo Schirliski, padre de una alumna que asiste a la misma escuela al que aún no le llegó una notificación, pero le dijo a Télam que «estamos esperando que llegue».

«Lo que está haciendo este gobierno es de manual: el manual del Gobierno autoritario dictatorial es ese, amedrentar», expresó el hombre, y dijo que madres y padres se están asesorando «con abogados padres de alumnos y letrados que fuimos consiguiendo para ver las medidas a seguir».

«Lo que sí tenemos muy en claro es que mientras los chicos sigan con su decisión totalmente acertada después de mucho tiempo de querer dialogar con el Gobierno de la Ciudad, con la ministra Acuña y que ella no los escuche, nosotros los vamos a seguir apoyando», concluyó.

Por otra parte, una de las integrantes de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, ofreció el servicio de esa organización para asesorarlos y brindar asistencia jurídica.

«En caso de que reciban visitas policiales en sus domicilios o les llegue alguna notificación es muy importante que los reciban porque si se rechazan no podemos saber de qué se trata, ni que a qué fiscalía tenemos que presentarnos, y esto es fundamental para acceder a la causa, tampoco hay problema en firmar porque es solo que se recibió, no es consentimiento de nada», explicó la letrada.