El Senado de la Nación aprobó este jueves un proyecto que garantiza los derechos humanos de las personas en situación de calle y de las familias sin techo. El texto fue convertido en ley por 44 votos afirmativos, tres negativos y siete abstenciones.

La iniciativa define como su objeto el de garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y «en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina».

Para ello se dispone la creación de un espacio de articulación en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social para coordinar su implementación, particularmente en lo referido a los deberes del Estado y a los programas de política pública.

De ese espacio deben participar los ministerios de Salud; de las Mujeres, Géneros y Diversidad; del Interior; de Desarrollo Territorial y Hábitat; de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (SEDRONAR); los ámbitos universitarios, sindicales, organizaciones sociales; y cualquier otra área que deba estar involucrada para un abordaje integral en la materia a nivel nacional, provincial y municipal.

El principio general de la nueva norma es que «la situación de calle y el riesgo a la situación de calle son estados de vulnerabilidad social extrema que implican una grave restricción para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos».

Por eso el Estado debe realizar acciones positivas tendientes a evitar y eliminar toda discriminación o estigmatización hacia las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle, estableciendo a la vez condiciones que permitan el ejercicio de su autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad y de la subjetividad.

También se establece el derecho a la identidad personal, que supone la individualización en la sociedad mediante un nombre propio, una personalidad jurídica y una nacionalidad.

Además, el Estado debe realizar acciones positivas para la tramitación gratuita de todos los documentos necesarios para acreditar la identidad personal: partida de nacimiento, documento nacional de identidad, las claves únicas de inscripción laboral y tributaria y toda otra documentación que sea tendiente al reconocimiento de su identidad.

La norma establece que las personas en situación de calle o en riesgo de situación de calle tienen derecho al acceso y uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos sin discriminación por su condición de vulnerabilidad.

Este derecho al acceso y uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos no puede configurarse en una acción organizada y permanente.

El Estado -según la nueva norma- debe procurar evitar el uso coercitivo de la fuerza pública, para ello debe agotar todas las instancias de articulación de las acciones y medidas asistenciales establecidas en esta ley.

La oficialista correntina Ana Almirón remarcó que «la gente que está en la calle se encuentra en situación extrema» y agregó que «este proyecto tendría que haber sido aprobado mucho antes».

«Vivir en la calle no es digno. Parecería que la solución es darle alimentos y no derechos. Parece que lo hacen para sentirse bien», manifestó Almirón.

El radical chaqueño Víctor Zimmermann ratificó el acuerdo de la oposición al proyecto afirmando: «en nuestra provincia tenemos altos índices de pobreza y marginalidad y nos parece que este es un proyecto oportuno porque el Estado debe estar siempre presente para resolver los problemas de los que tienen alta vulnerabilidad».

La santafecina Alejandra Vucasovich, del Interbloque Parlamentario Federal, por el contrario, opinó que «esta ley no cumple con la intención de que se apliquen los derechos humanos para cada uno de los indigentes».

«No entiendo qué es lo que quieren decir cuando hablan de ampliación de derechos. ¿Ampliación de derecho para que duerman en una plaza? ¿Inclusión es dejarlos dormir en un parque? Los indigentes tienen derecho a una vivienda digna, no a ocupar un lugar público», sentenció Vucasovich.

La porteña de Juntos por el Cambio Guadalupe Tagliaferri mencionó que «esta ley tiene enormes y ambiciosos objetivos» y destacó que «como está planteada o es inaplicable o es para repartir plata a los grupos sociales amigos y dejar desdibujado al poder ejecutivo de cada una de las provincias».