La diputada nacional Danya Tavela presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación solicitando informes al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, respecto al estado de la deuda del Estado Nacional con las distribuidoras y subdistribuidoras de gas natural y gas licuado, en el marco del “Régimen de Zona Fría”.

El pedido está centrado en el Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas y el Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo, creados para otorgar compensaciones tarifarias a los usuarios residenciales de las regiones más frías del país, como la Patagonia, el departamento de Malargüe en Mendoza, la región conocida como “Puna” y distintas regiones de la provincia de Buenos Aires, como la localidad de Junín, entre otras.

“Es sumamente importante garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiduciarias, dado que los recursos destinados a estos subsidios no forman parte del presupuesto del Estado Nacional, sino que provienen del recargo aplicado al consumo de gas en todo el territorio nacional”, dijo Tavela.

La deuda acumulada del Estado Nacional con las distribuidoras y subdistribuidoras por la falta de pago de los reintegros de compensaciones, según informaciones periodísticas, ascendía a $10.000 millones, afectando a empresas como Camuzzi Gas del Sur, Ecogas, Gasnor, Litoral Gas, entre otras. Si bien parte de la deuda fue saldada persisten demoras en los pagos, lo que genera preocupación en el sector.

En el pedido de informes, Tavela exige conocer los montos percibidos por los agentes de percepción a lo largo del año, los pagos realizados a las distribuidoras beneficiarias y los motivos de las demoras en las instrucciones de desembolso. Además, solicita un detalle de los reclamos presentados por las distribuidoras afectadas y las auditorías internas que se hayan realizado en torno al manejo de estos fondos fiduciarios.

“La demora en el pago de estos reintegros contraviene el objeto del fideicomiso y pone en riesgo la prestación del servicio en zonas particularmente vulnerables a las bajas temperaturas”, finalizó la legisladora radical.