La decisión de la Unión Europea de impedir la emisión de los medios estatales rusos Sputnik y Russia Today (RT) en los 27 países que integran el bloque, y la respuesta de Moscú al aprobar este viernes una nueva ley que fija penas de hasta 15 años por difundir «información falsa» sobre las tropas rusas, implican una «bisagra histórica muy importante» que «no será gratuita», advirtieron especialistas en libertad de expresión y derecho a la información en diálogo con Télam.

Las medidas restrictivas al ejercicio de la comunicación dispuestas por los europeos, junto al bloqueo de medios estatales rusos por parte de corporaciones estadounidenses como Google y Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp), configuran para académicos e investigadores una escalada propia de las «guerras híbridas», un escenario que se completa con las recientes prohibiciones y normativas implementadas por Rusia.

Convocados por esta agencia, tres expertos en el diseño de políticas de comunicación y en los marcos regulatorios vigentes en distintas partes del mundo evaluaron que la regulación de la UE implica «riesgos» muy importantes para la propia Europa, al «haber elegido el peor camino, la censura de información».

Los especialistas plantearon que las restricciones que impiden que usuarios y televidentes puedan acceder a ciertos medios atentan contra la libertad de los receptores y refuerzan una concepción incompleta de la libertad de expresión, al entenderla solo como el derecho individual de quien emite, «mas no la de quien escucha, conversa y entiende», según planteó Natalia Aruguete, investigadora del Conicet y de la Universidad de Quilmes.

Por otro lado, en materia de legislación comparada, el abogado especializado Damián Loreti remarcó que los principios jurídicos que rigen frente a emergencias de este tipo son muy diferentes en Europa y en el continente americano.

«En términos de libertad de expresión, en Europa están previstos casos de censura que en el Sistema Interamericano (de Derechos Humanos) no se admiten», explicó.

En ese sentido, Loreti puntualizó que el artículo 10 de la Convención Europea de DDHH plantea que el derecho a la libertad de expresión puede estar «sometido a formalidades, condiciones, restricciones o sanciones», en particular cuando sean necesarias medidas «para la seguridad nacional» o «la integridad territorial».

«El artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos permite injerencias previas del Estado siempre que se den estos requisitos, mientras que en la Convención Americana de Derechos Humanos está prohibido ejercer mecanismos de censura. De hecho, en el artículo 13 un inciso prohíbe las restricciones indirectas, la obstaculización de cualquier modo de la circulación de informaciones y opiniones», diferenció el abogado y titular de la cátedra Plenario de Derecho a la Información en la UBA.

De ese modo, mientras el marco normativo europeo prevé -en situaciones excepcionales- restricciones a la libertad de expresión con censura previa, en América eso está expresamente vedado, ya que «el sistema interamericano de Derechos Humanos se basa en la regla de sólo responsabilidades ulteriores», agregó.

Sobre la eliminación de RT y Sputnik de la grilla de Europa, Loreti opinó que «el principio de legalidad podría estar cumplido a medias por la situación de emergencia, el fin legítimo tiene pinta de ser más sólido, pero lo que no está explicado es por qué no hay ningún medio menos restrictivo para la libertad de expresión; no sólo para las empresas afectadas, sino para el público que quisiera escuchar o ver esos medios».

Desde un planteo similar, el docente universitario Gustavo Bulla consideró que «a una información que se considera falsa o con defectos, o manipuladora o el adjetivo que quieran endilgarle al Estado ruso, se la debería combatir con información fidedigna, con transparencia, con otro tipo de información», y no erradicarla de la oferta de medios a la que puede acceder una determinada población.

«Estas sanciones contra el Derecho a la Información de los ciudadanos europeos, al impedirles autoritariamente que puedan tener otro punto de vista, se dan en el marco de durísimas sanciones económicas, lo cual nos lleva a pensar que una vez más el pensamiento liberal, sea de raigambre más conservadora o se autoperciba progresista, termina considerando a la información en términos mercantiles», analizó Bulla, profesor de Teorías del Estado y la Planificación en la UBA y de Política de los Medios en la Universidad de Lomas de Zamora (UNLZ).

«No se puede hablar de libertad de expresión como sagrada y luego cercenarla. Perfectamente podrían difundir la información rusa y oponerle su punto de vista particular, que aparentemente es antagónico en todos sus términos», cuestionó.

Su crítica estuvo en sintonía con las advertencias de Aruguete, para quien la confrontación informativa que desencadenó la invasión de Ucrania «pone en discusión el concepto de libertad de expresión en su versión liberal-moderna».

La investigadora, en ese punto, citó al jurista estadounidense Owen Fiss, profesor emérito en la Universidad de Yale, para insistir en que «el reclamo por la libertad de expresión es insuficiente si queda restringido a una concepción individual», dado que «el concepto de libertad de expresión en su versión liberal moderna no es, estrictamente, sinónimo de derecho a la comunicación».

Desde el lado ruso, la salida de pantalla de RT y Sputnik generó como reacción que el Parlamento apruebe una ley que endurece las penas para lo que el Kremlin considere «noticias falsas» ligadas a la guerra; también, se profundizó el bloqueo a plataformas, redes y medios extranjeros que hasta hace unos días informaban desde Rusia.

Sobre esas medidas de Moscú, Loreti dijo ignorar «cuál es la legislación rusa preexistente que se aplicó en las manifestaciones contra la guerra, legislación que estos días aparece endurecidas, con previsión de hasta 15 años de cárcel, de acuerdo a lo que dicen los medios occidentales», y recordó que en el Tribunal Europeo de DDHH tramitan «gran cantidad de casos de libertad de expresión» que objetan la legislación rusa en la materia.

En cuanto al impacto de estos debates en Estados Unidos, Loreti sostuvo que como la Primera Enmienda prohíbe expresamente cualquier iniciativa que reduzca la libertad de expresión, no es el Estado el que aplica restricciones previas -como ocurre en Europa- sino el sector privado que asume recomendaciones y sugerencias: lo hace a través de la sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones.

«Esa normativa garantiza que las plataformas puedan poner, suprimir y sacar contenidos de terceros sin tener responsabilidades como intermediarios», repasó el abogado y docente de la UBA, y entonces recordó un antecedente que ilustra esa dinámica, luego de que el Departamento de Estado publicara, el 20 de enero, un reporte sobre «el rol de RT y Sputnik en la desinformación y el ecosistema de propaganda».

Tras la difusión de ese informe por la Casa Blanca, agregó Loreti, el Washington Post tituló que había «una seria presión de EEUU por sobre las empresas» del sector de la comunicación para quitar a los medios estatales de Rusia de los canales y las plataformas.

«Estas sanciones contra el Derecho a la Información de los ciudadanos europeos, al impedirles autoritariamente que puedan tener otro punto de vista, se dan en el marco de durísimas sanciones económicas, lo cual nos lleva a pensar que una vez más el pensamiento liberal, sea de raigambre más conservadora o se autoperciba progresista, termina considerando a la información en términos mercantiles»

La discusión sobre la censura previa y la prohibición de medios tiene un capítulo en la Argentina: hace cinco días, la diputada Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) presentó un proyecto para eliminar a RT de la grilla de la Televisión Digital Abierta (TDA) con el argumento -según la legisladora de JxC- de que esos medios «desinforman» e «interfieren en el desarrollo de las democracias».

Sobre ese tema, Loreti advirtió que en la Argentina «no se pueden medir los temas de libertad de expresión con las reglas de la Convención Europea de Derechos Humanos», ya que en el país tiene jerarquía normativa el Sistema Interamericano de DDHH, para concluir: «No me parece que haya que responder en espejo al modo de aplicar las reglas europeas».