Según especificaron desde La Libertad Avanza en la Cámara alta a Noticias Argentinas, “hay cuestiones que no nos parecen demasiado claras». La comisión estará integrada por la secretaría administrativa, María Laura Izzo, la prosecretaria Administrativa, la prosecretaría de Coordinación Operativa, la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

En el escrito, Villarruel apunta contra el ingreso de personal y su categorización: “Requiere la acreditación de idoneidad y antecedentes que respeten la observancia de los recaudos establecidos por la Constitución; como así también el cumplimiento de los requisitos legales para su incorporación y ascenso, todo ello en una relación de razonabilidad con las misiones, funciones y objetivos de gestión de calidad de la organización”.

Una vez culminado el proceso liderado por Izzo, que durará un mes (puede prorrogarse), la CAD emitirá recomendaciones para “a los efectos de optimizar la utilización de recursos humanos existentes”. El estudio comprenderá los últimos dos años de gestión e incluirá un análisis de la designación, capacidad y ubicación laboral de las plantas permanentes, temporaria y contratados; las re categorizaciones, los agentes con destino en trámite y con requisitos jubilatorios.

La decisión de Villarruel se encuadra dentro de un proceso que inició desde su desembarco en el Senado, en diciembre pasado. Fuentes cercanas al despacho de la abogada señalaron en reiteradas oportunidades a NA las pésimas condiciones laborales en las que se desempeñaban algunos trabajadores de la Cámara alta como así también otras vinculadas a la infraestructura.