El presidente de la Cámara Federal de Córdoba, Abel Sánchez Torres, citó para el próximo 19 de abril, a las 10, “al apoderado del accionante, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Economía y a la Fábrica Militar de Río Tercero, en todos los casos con mandato suficiente para poder conciliar”.

Se trata de una demanda por daños y perjuicios derivada de la causa penal en la que fueron condenados el ex director de la Fábrica Militar Jorge Antonio Cornejo Torino, el director de Producción Carlos Franke y el ex director de Coordinación Empresaria Edberto González de la Vega (13 años de prisión) y Marcelo Gatto, ex jefe de Producción Mecánica (diez años).

Las condenas, por el delito de “estrago doloso seguido de muerte” a raíz del fallecimiento de siete personas, fueron confirmadas por la Corte Suprema en mayo de 2021.

La demanda civil apunta a los militares condenados y también al Estado Nacional.

El escrito de la demanda sostiene que “el relato de este hecho resultaría increíble si no se precisara en tiempo pasado, porque resulta inimaginable que se pueda haber actuado tan negligentemente”.

“Como lo manifiesta el auto de procesamiento dictado en la causa, los explosivos no son compatibles con conductas culposas, en este caso la culpa llevada al extremo”, afirma la demanda, patrocinada por el abogado Mario Ponce.

La acción civil persigue una reparación pecuniaria que, atento al paso del tiempo y los vaivenes de la economía argentina, deberán acordar las partes si concilian o definir el tribunal en el caso de una sentencia condenatoria.

Las víctimas advirtieron que llegarán hasta la última instancia judicial argentina, la Corte Suprema, e hicieron reserva de acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.